Personal de la Comisión para la Prevención y Represión del Juego Ilegal, integrada por miembros del Cuerpo de Inspectores del Instituto Provincial de Lotería y Casinos y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, realizaron un nuevo procedimiento contra el juego clandestino en el Barrio Ferrari, de la localidad de Mariano Acosta, Partido de Merlo.

La inspección se llevó a cabo en un local de la calle García Velloso al 502 de esa localidad, donde funcionaba un comercio que aparentaba dedicarse al expendio de artículos de limpieza. Sin embargo, los oficiales a cargo del operativo pudieron constatar que se trataba de un importante centro de captación de juego ilegal y donde también funcionaba un casino clandestino.

Como consecuencia del operativo un hombre y una mujer, que serían los responsables del lugar, quedaron detenidos por orden del Dr. Ciquier Rodriguez a cargo de la UFIJ N° 8 de Morón.
Cabe destacar que, desde fines de 2016, a partir del nuevo Código Penal, esta actividad ilícita dejó de ser una contravención y pasó a ser un delito que prevé serias penas de cumplimiento efectivo en prisión.

La implementación de esta nueva herramienta legal, acompaña la lucha de la gobernadora María Eugenia Vidal para combatir el juego ilegal, decisión que mantiene intacta desde el inicio de su gestión.

También se secuestraron elementos probatorios, como cartelería, talonarios de apuestas y dinero en efectivo, mientras que de la improvisada sala de casino, fueron secuestradas las máquinas en las que jugaban los apostadores.

Los responsables del operativo se mostraron sorprendidos ya que es poco común dar con un mismo lugar en el que se dediquen a explotar el juego ilegal en dos modalidades diferentes. En este caso, la misma persona que, entre bidones de lavandina, detergente y jabón para la ropa, levantaba quiniela clandestina, se dedicaba también a administrar el uso de las máquinas tragamonedas, cobrando las cargas virtuales y pagando los premios de los ganadores en efectivo.

Esta actividad ilegal sigue siendo un motivo de preocupación tanto para la gobernadora como para las autoridades del Instituto y es por ello que se está trabajando intensamente para desarticular un negocio que deja pérdidas millonarias para la arcas de la provincia.