La cámara de garantías de Lomas de Zamora dispuso la “falta de mérito” a la acusación de asociación ilícita, un delito con una eventual pena grande, contra Juan José Gil, conocido como el “zar del juego”, lo que podría desencadenar en su libertad.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, criticó la decisión de la sala segunda de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que lleva la firma de los jueces Pablo Little y Alejandro Adrián Rojas. “Estas decisiones nos indignan, pero no nos van a detener en la lucha contra los que están fuera de la ley. La lucha contra las mafias debe ser un compromiso integral de todos los poderes de lo contrario sigue reinando la impunidad”.
En la investigación, realizada por la Comisión para la Prevención y Represión del Juego Ilegal, integrada por miembros del Cuerpo de Inspectores del Instituto Provincial de Lotería y Casinos y del Ministerio de Seguridad, trabajaron más de 500 efectivos, entre la Policía de Investigaciones, Seguridad, Grupo Halcón, Grupos GAD (Grupo de Apoyo Departamental), Departamentales y Gendarmería Nacional.
El Megaoperativo realizado en septiembre de 2017, logró desbaratar toda la red ilegal, detener al principal capitalista, sus pasadores y todo el sistema que tenían. También, se secuestraron sumas millonarias (pesos, dólares y otras monedas extranjeras), documentación, anotaciones de juego clandestino, equipos de telefonía, faxes y equipos informáticos, automóviles de alta gama, cajas de seguridad y armas de fuego (pistolas, revólveres y armas largas).
“Acá hubo un trabajo de investigación de ocho meses, que incluyeron escuchas y filmaciones, codo a codo policía y justicia, en conjunto logramos concretar una gran cantidad de allanamientos que posibilitaron desbaratar a esta organización. Parece que esto no es suficiente para encarcelar a estas mafias”, lamentó Ritondo.
No obstante el fallo, el Organismo Judicial confirmó la prisión preventiva de Gil, Carlos Alberto Pascual, Fernando Andrés Lizuaín, Ernesto Roces, Elizabeth Reyno y Omar Walter Díaz por infracción al artículo 301 bis del Código Penal (que establece el juego clandestino como delito) y cohecho activo para los cuatro primeros.
A su vez, Pascual está acusado de tenencia ilegal de arma de fuego catalogada como de uso civil y de guerra, mientras que sobre Díaz pesa una causa por tenencia ilegal de uso civil.
Ramón Orlando Salguero, Luis Enrique Martínez, Víctor Ramón Moya y Alejandro Knollinger, otros cuatro implicados en la causa, también recibieron la prisión preventiva por cohecho pasivo.